Mara Buchbinder
Universidad de Carolina del Norte en Capel Hill, departamento de medicina social
Joanna Mishtal
Universidad de Florida Central, departamento de antropología
Elyse O. Singer
Universidad de Oklahoma, departamento de antropología
Claire L. Wendland
Universidad de Wisconsin-Madison, departamento de antropología y obstetricia y ginecología (cwendland@wisc.edu)
Abstract
Esta declaración resume los hallazgos clave desde los estudios antropológicos y relacionados sobre las consecuencias perjudiciales del acceso inadecuado al aborto, lo que ha llevado a la Sociedad de Antropología Médica a mostrar una profunda preocupación acerca del reciente fallo de la Suprema Corte en el caso ‘Dobbs contra Jackson’. Después de distribuirla entre los miembros de la SMA para recibir aportes, una versión final se aprobó a través de la votación de los miembros por un margen abrumador. Esta declaración complementa la creada por el Consejo de Antropología y Reproducción, disponible aquí.
La Society for Medical Anthropology (SMA) expresa su profunda consternación con relación a la reciente decisión del caso Dobbs contra Jackson, la cual ignora la evidencia acerca de las consecuencias perjudiciales de un inadecuado acceso al aborto. Como académicas que estudian las formas en que las estructuras sociopolíticas y la salud se conectan a la vida de las personas, estamos atentas a los efectos de las leyes que se enfocan en la reproducción.1 Incluso antes de Dobbs, en muchos estados de Estados Unidos (EU), los opositores hicieron extremadamente difícil el acceso al aborto al impulsar leyes de ‘regulación específica para los proveedores de servicio de aborto’ (TRAP).2 Estas leyes acrecentaron las barreras al acceso, impusieron retrasos médicos innecesarios y restricciones, e intensificaron el hostigamiento y la intimidación a las pacientes y el personal clínico (Andaya and Mishtal 2016; Buchbinder 2016; Cohen and Joffe 2020). La investigación antropológica en los estados de EU con leyes TRAP y en países con prohibiciones legales sobre el aborto nos muestra qué esperar del fallo del caso Dobbs y de las restricciones estatales que desencadena (Arey et al. 2022). Como detallamos más adelante, el fallo permite a los legisladores tomar acciones que empeorarán la salud materna, incrementarán muertes prevenibles, socavarán la autonomía y las oportunidades de las mujeres para una participación igualitaria en la sociedad. Aún más, precarizarán a las familias, impedirán a los proveedores de servicios de salud brindar una asistencia ética y exacerbarán serias y prolongadas iniquidades que dañarán a las mujeres pobres, de color o a las personas no conformes con su género (no-binarias).3
Empeoramiento de la salud y la sobrevivencia maternas
Complicaciones del aborto
El fallo del caso Dobbs contra Jackson causará daños graves al desplazar los servicios de salud otrora legales a un ámbito clandestino. Los países en los que el aborto está prohibido no tienen tasas de interrupción del embarazo más bajas que aquellos en donde es legal (Sedgh and Keogh 2019; Sedgh et al. 2012). En cambio, la ilegalidad asegura que más abortos serán traumáticos, retrasados, estigmatizados y peligrosos (De Zordo et al. 2016; De Zordo et al. 2020; Mishtal 2015; Suh 2021; Wendland 2022). El aborto autogestionado con medicamentos puede ser seguro y efectivo, especialmente en las primeras etapas del embarazo y cuando estén integrados a un sólido sistema de derivación, en el caso de surgir complicaciones (Aiken et al. 2017; Moseson et al. 2019). Sin embargo, muchas mujeres inducen ellas mismas el aborto con una información limitada de cómo hacerlo de manera segura, recurriendo a técnicas que son inseguras y no probadas (De Zordo et al. 2016; Suh 2021; Wendland 2022). Estos abortos improvisados pueden producir septicemia, hemorragias, envenenamientos u otros tipos de daños corporales, así como infertilidad y la muerte, a esto se suma el peligro, el estigma y la angustia emocional de buscar servicios ilegales (Suh 2021; Wendland 2022).
Muertes maternas
EU ya tiene la tasa más alta de mortalidad materna del Norte Global; y está en aumento (Hoyert 2022; Villavicencio et al. 2020). La mortalidad materna se incrementa cuando las personas embarazadas son forzadas a continuar con embarazos no deseados o médicamente peligrosos, cuando las restricciones legales derivan en atenciones inapropiadas o retrasadas por aborto espontáneo y otras complicaciones del embarazo y cuándo el acceso severamente limitado a métodos de aborto seguro propicia prácticas improvisadas y a menudo peligrosas (Morgan 2017; WHO 2011). Los investigadores de la salud pública estiman que una prohibición total del aborto incrementaría en 21 % la mortalidad materna en EU, con mayores cuotas de mortandad entre las mujeres pobres y de color (Harris 2022; Stevenson 2021). La investigación antropológica sobre las prácticas de informar y categorizar las muertes muestra que estás cifras son, casi con seguridad, subestimaciones sustanciales (Sedgh and Keogh 2019; Suh 2021).
Suicidio y homicidio
El incremento anticipado de muertes maternas no incluye las muertes por suicidio y homicidio. En El Salvador, después de que se implementara una prohibición total del aborto, los suicidios fueron tan números entre las mujeres jóvenes con embarazos no deseados que ahora son la causa principal de muerte materna (Moloney 2014; Teter 2020). Las muertes por homicidio durante el embarazo y el periodo postparto casi se duplicaron en los EU (Margerison et al. 2022; Subbaraman 2021). Anticipamos que el fallo Dobbs incrementará los riesgos de suicidio y homicidio de gente embarazada.
Exacerbación de las desigualdades
Injusticia reproductiva
Mujeres negras desarrollaron el marco de justicia reproductiva en 1994, el cual se basaba en activismos y una construcción teórica de largo plazo, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Morgan 2015; Price 2010; Zavella 2020). Muchos de los profesionales de la antropología utilizan la justicia para analizar formas de violencia, opresión y marginación interseccionales (Davis 2019a; Morgan 2015; Valdez and Deomampo 2019). Los principios fundamentales son el derecho a la autonomía corporal, el derecho a tener hijos, el derecho a no tener hijos y el derecho a una crianza digna. El fallo Dobbs amenaza estos principios en maneras que afianzan aún más las desigualdades que se entrelazan con el racismo, sexismo, capacitismo y otras formas de marginación. De hecho, los estados que ahora tienen prohibiciones del aborto ya tenían algunas de las mayores tasas de mortalidad materna, muertes infantiles y otros pobres resultados neonatales (Ely and Driscoll 2021; Everett et al. 2021; United Health Foundation 2022). Las prohibiciones del aborto intensificarán las disparidades, especialmente para las personas de bajos ingresos e históricamente marginadas (Watson 2022).
Mujeres de color y mujeres viviendo en pobreza
Las extensas investigaciones internacionales muestran que la gente embarazada que poseen los medios sociales y económicos viajará en busca de servicios de aborto a través de fronteras regionales e internacionales (Mishtal 2015; Ostrach and Cheyney 2014; Sethna and Davis 2019; Singer 2020). La situación no es benigna incluso para ellas: la necesidad de viajar incrementa los riesgos al retrasar el acceso a un cuidado sensible y a tiempo, y las expone a dificultades financieras, emocionales y de logística (Arey et al. 2022; Cano and Foster 2016). Muchas mujeres, sin embargo, no serán capaces de asegurar los fondos, días libres de trabajo y el cuidado de sus hijos necesarios para concertar un aborto que implique cruces fronterizos (Aragon Martin 2017). Las mujeres en situación de pobreza y las mujeres negras y nativo-americanas se verán desproporcionadamente afectadas por la incapacidad de acceder al aborto (Ostrach and Cheyney 2014; Watson 2022).
Otras personas con limitado acceso a servicios de salud
Los límites de edad gestacional para el aborto pueden perjudicar a las mujeres que viven en áreas remotas, a las personas en relaciones abusivas, a las menores de edad, a las que viven en contextos donde el aborto está fuertemente estigmatizado, y a aquellas con deficiencias cognitivas (De Zordo et al. 2020). Las redes legales de restricciones y regulaciones que entorpecen el acceso al aborto atentan contra personas que ya de por sí enfrentan dificultades de acceso o desconfianza a los servicios de salud debido al racismo, la discapacidad, homofobia o transfobia (Moseson et al. 2021). Las limitaciones a los servicios de asistencia social y salud mental agravan el problema: a menudo, estos apoyos son inaccesibles para las comunidades con un mayor riesgo de experimentar las consecuencias negativas de las prohibiciones estatales del aborto.
Restricciones a la práctica de la atención médica
Repercusiones legales para el personal de salud
La criminalización de los servicios de salud reproductivos en varios estados incluye potencialmente cargos por delitos graves, prisión, multas, y la suspensión de la licencia profesional (New York Times 2022). La criminalización impone cargas morales, legales y emocionales a los proveedores de servicios de salud, muchos de los cuales se sienten forzados a escoger entre romper juramentos profesionales o la ley (Arey et al. 2022; Buchbinder et al. 2016; Levine 2022). También produce miedos a las repercusiones legales entre el personal de salud, incluyendo farmacéuticos, parteras, asesores genéticos, doctores y otros, que puede limitar aún más la atención reproductiva que aún es legal y puede crear desconfianza entre el personal y los pacientes (Erdman and Cook 2020; Harris 2022; Hercher 2022; Suh 2021; Weiss 2022).
Consecuencias no deseadas más allá del cuidado del aborto
Inevitablemente, las políticas tienen consecuencias no deseadas. Más allá de los embarazos no deseados, este fallo ya está afectando de muchas maneras los servicios de salud de las mujeres (Paltrow et al. 2022; Premkumar and Wendland 2022). Las prácticas médicas estándar como la superovulación para el tratamiento de infertilidad, la colocación del DIU, el almacenamiento y selección de embriones congelados, o el uso de medicamentos para tratar el embarazo ectópico, están siendo restringidas o cuestionadas (Arey et al. 2022; Cromer 2019; Harris 2022). Las mujeres no embarazadas han reportado que se les han negado medicamentos teratogénicos, como el metotrexato, para el tratamiento de enfermedades crónicas (Sharp 2022; Weiss 2022).
Impacto en la formación médica
Los residentes de obstetricia y ginecología que se forman en los estados donde el aborto está prohibido o severamente restringido no estarán capacitados en este básico procedimiento médico o tendrán que hacer todo lo posible para asegurar una formación necesaria. Esta descalificación probablemente exacerbará desigualdades históricas en la salud reproductiva a causa de la mala distribución de proveedores capacitados. Tendrá un efecto generacional prolongado en el número de los proveedores capacitados para el aborto y en el número de médicos disponibles para llevar a cabo la gestión de abortos espontáneos complejos y otros servicios de salud reproductiva esenciales (Montoya and Gray 2022; Polic and Rapkin 2020).
Empeoramiento del sexismo estructural
La criminalización del embarazo
La criminalización afecta a aquellas que están embarazadas y no solo a sus médicos (Kublik and Sufrin 2020; Paltrow and Flavin 2013). Fervientes funcionarios ya han arrestado, perseguido y encarcelado mujeres por acciones consideradas como probables causas de pérdida del embarazo. Estás acciones se han dirigido abrumadoramente a mujeres de color en situación de pobreza (Goodwin 2017, 2020; Kublik and Sufrin 2020; Paltrow and Flavin 2013). El fallo Dobbs abre la puerta a mucha más vigilancia reproductiva, y mucha más criminalización en comunidades que ya están de por sí marginadas (Goodwin 2020).
Impactos en las mujeres y las familias
La incapacidad para acceder al aborto tiene muchas consecuencias adversas para personas que pueden quedar en embarazo y sus familias. Disminuye la probabilidad de empleo, empeora la pobreza para las madres y otros hijos de la familia y mantiene a las mujeres en relaciones violentas (Foster 2020). Estar forzada a continuar con el embarazo puede conducir a estados de angustia y a la violación de Derechos Humanos (Erdman and Cook 2020). A medida que el aborto por problemas congénitos graves en muchos lugares desaparezca, aumentará la carga de cuidados asumida principalmente por mujeres. (Gammeltoft 2014; Rapp 1999; Williamson 2018). Algunas leyes estatales aíslan aún más a las personas embarazadas al amenazar, o incentivar, con acciones civiles dirigidas contra cualquier persona de apoyo que les ayude a acceder al aborto (Picchi 2021). En otras, la pérdida de los derechos de las mujeres al aborto se ha acompañado del incremento de derechos legales y estímulos de acción civil para familiares de violadores (CBS News 2022). Todas estas ramificaciones socavan las oportunidades de las mujeres para una participación igualitaria en la sociedad.
La subyugación basada en el sexo
El fallo Dobbs legitima una distribución desigual de poder y recursos según el sexo. Cuando se prohíbe el aborto, toda persona capaz de embarazarse ocupa un estatus de subyugado. Estas personas existen bajo un régimen que les exige, sin elección ni consentimiento, disponer completamente la materialidad y la fisiología de su cuerpo al servicio del interés del Estado en el feto (Bridges 2013; Paltrow and Flavin 2013; Sufrin 2017). Devienen legal y socialmente menos que personas humanas plenamente soberanas (Kligman 1998; Singer 2020).
En suma, el fallo Dobbs contra Jackson tendrá consecuencias prolongadas al amenazar los tres principios fundamentales de la justicia reproductiva: el derecho a tener hijos, el derecho a no tener hijos y el derecho a la crianza en entornos seguros y sostenibles.
La investigación antropológica demuestra que la regulación estatal del aborto y la anticoncepción suele reforzar modelos limitados de reproducción ‘apropiada’. (Kligman 1998; Morgan and Roberts 2012; Unnithan and de Zordo 2018). En los Estados Unidos, los valores reforzados incluirían la supremacía blanca y el patriarcado: el mayoritario fallo Dobbs remite a una época histórica en la que la gente negra, nativa y las mujeres no eran ciudadanos de pleno derecho y tenían poca o ninguna alternativa ante cualquier legislación que afectara su vida de manera profunda (Alito 2022; Davis 2019b; Howard University School of Law 2022). En diversos contextos culturales, los ataques contra el acceso al aborto suelen estar vinculados a la xenofobia, al racismo, a la reacción contra la equidad de género y a ansiedades producidas por los cambios sociales y demográficos (De Zordo et al. 2016; Faúndes and Defago 2016; Millar 2015). Estos ataques reflejan ideas que dejan poco espacio para estructuras familiares alternativas o para un pluralismo de género. A menudo están justificadas con un lenguaje de ‘renovación moral’ que señala a ciertas personas como indigna, lo que los coloca en peligro de sufrir acoso y violencia (Maffi 2018; Millar 2015). Prevemos que las mujeres, los hombres trans y otras personas que busquen cuidados de aborto ahora estarán entre los sectores señalados.
La disidencia del caso Dobbs contra Jackson hace notar que la opinión mayoritaria “revela lo poco que se sabe acerca de las vidas de las mujeres o de los sufrimientos que estas decisiones causarán, o de la poca importancia que se les da a estas vidas.” (Breyer et al. 2022: 48). Y estamos de acuerdo. La Sociedad de Antropología Médica condena este fallo. Pone en peligro a las mujeres y otras personas que pueden embarazarse, empeora las desigualdades sanitarias, interfiere indebidamente en la práctica de la medicina y viola los derechos humanos.
1 Las cuatro autoras se encuentran enlistadas en orden alfabético según sus apellidos. Contribuimos igualmente en la declaración y compartimos la responsabilidad de su contenido.
2 Por sus siglas en inglés, Targeted Regulation of Abortion Providers (TRAP). Las siglas TRAP hacen referencia a la palabra trap, que significa ‘trampa’, ‘atrapar’ o ‘treta’ (N. del. T).
3 Esta declaración mezcla un lenguaje de género (mujeres, maternal) con un lenguaje que reconoce que no todas las personas capaces de embarazarse son mujeres: los hombres Trans y las personas no-binarias también pueden buscar atención para el aborto. La literatura antropológica ha mostrado cómo con frecuencia las mujeres son invisibilizadas en las políticas y prácticas de salud reproductiva. Al usar un lenguaje inclusivo y de género, nos negamos a fingir que la gente transgénero no importa y nos negamos a hacer desaparecer a las mujeres de un conjunto de decisiones que refuercen el patriarcado y que codifican el sexismo.
Agradecimientos
Las autoras están agradecidas con los pares anónimos que revisaron el texto y que llevaron nuestra atención hacia investigaciones adicionales que ayudaron a aclarar áreas ambiguas. También agradecemos a muchas otras personas que nos escribieron para compartir sugerencias, especialmente a Emma Varley por sus útiles señalamientos y perspectivas.
Traducción
José María Castro Ibarra